Falta control, es un negocio, no se informa a la mujer y no se le ofrecen alternativas.

3. El legislador debe evaluar la situación precedente antes de definir la nueva ley que debe ser enmendada o potenciada.

        Los problemas básicos del aborto en España, y que señalan una clara diferencia con el resto de Europa son:

        a- El aborto es un acto médico en manos de empresas privadas que responden a la lógica de conseguir el máximo beneficio, y, por tanto, incentivar la demanda y reducir costes a base de falta de controles y regulaciones. El aborto es el sector de la sanidad más privatizado (97%) y, a la vez, menos regulado. No existe control y todo se basa en la propia autodeclaración de las empresas.

        Un ejemplo que el Dr. Morín puso de relieve: A pesar de tener Morín tres centros en Barcelona, de realizar abortos de alto riesgo, de 6, 7 y 8 meses, de registrar un extraño flujo de personas procedentes de países con leyes más permisivas, entre 1995 y el 2006 el departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya no efectuó ninguna inspección. Hay que reseñar que la autorización para abortos de más de 12 semanas se produjo en el 1995, y que es en 2006 cuando se dan los grandes escándalos de estas clínicas en los medios de comunicación internacional.

        b- A pesar de ser un acto médico contemplado en el Código Penal, no existe ningún control real de las administraciones hacia el sector privado, de manera que se produce un fraude de ley generalizado. La vía básica de la práctica masiva ilegal es la aplicación fraudulenta de grave riesgo psíquico para la madre. Es la consecuencia de la falta de control y el carácter mercantil de todo el proceso.

        c- La mujer no es informada de las características de la intervención que le practicarán, ni de qué se hará con su hijo no nacido, ni de los riesgos y consecuencias potenciales a los que se expone. El aborto incorpora, primero un riesgo físico proporcional al periodo de gestación y las características de la mujer. Y, sobre todo, presenta secuelas psíquicas.

        Las mujeres que abortan tienen un 63% más de posibilidades de padecer enfermedades mentales, y una mayor tasa de tratamiento psiquiátrico: depresiones neuróticas, desorden bipolar, esquizofrenias, entre otras (American Journal of Orthopsyquiatry, 2002). El British Medical Journal publicaba el mismo año que las mujeres que abortan tienen un riesgo severo de depresión clínica. La mujer debidamente informada debería tener un tiempo de reflexión, un día o dos, antes de adoptar una decisión irreversible.

        d- En España no existe la opción alternativa de poder tener al hijo, porque todos los medios y actuaciones de las administraciones van dirigidas a que la mujer aborte. Los poderes públicos no han dedicado recursos humanos, materiales y legales a favorecer la posibilidad de tener el hijo. La administración empuja al aborto otorgando subvenciones y listas de clínicas donde abortar. Es una información sesgada, dirigida a un único objetivo que resulta incomprensible a partir del principio del daño.

4. Una nueva legislación sobre el aborto debe actuar para resolver estos cuatro graves inconvenientes que están en la raíz del crecimiento exponencial del aborto.

        Debe procurar:

        a- Erradicar la privatización y el ser fuente de lucro.

        b- Regular mecanismos de control y supervisión eficaces, como el que disponen otros ámbitos de la administración.

        c- Informar a la mujer y dar tiempo para la reflexión.

        d- Aportar medios que fomenten tener el hijo e informar sobre ellos.

        5. Tal y como ha sido presentada la iniciativa por parte del gobierno español, la nueva legislación no responde a las necesidades de la sociedad porque:

        a. No persigue reducir el daño, reducir el número de abortos.

        b. No trata los problemas de ilegalidad masiva, privatización e indefensión de la mujer.

        c. Señala causas para cambiar la ley que son inexistentes o son presentadas baja una forma falseada. La mujer que aborta y el médico que practica el aborto tienen todas las garantías jurídicas, pero estas no han de coartar la investigación del delito, cuando éste se produce. En todos los países de Europa el aborto está penalizado y considerado un delito. En el caso de Holanda, el país más permisivo, el aborto fuera de límites es considerado un delito de homicidio.

        Pero incluso cuando se produce el delito, la intimidad de la mujer está preservada. En el mayor procedimiento que se sigue en España contra el aborto, en el caso Morín, han sido interrogadas 158 mujeres. Ninguno de sus nombres ha sido revelado, son cifras de código que solo conoce la juez instructora. Compárese esta realidad, extensible a otros casos de abortos, con lo que sucede por ejemplo con la comisión de investigación del accidente mortal de Barajas. No existe un problema de inseguridad ni de exposición de las mujeres a la opinión pública. Ningún caso policial o judicial concreto se puede alegar.

        Hacer la mejor ley de aborto del mundo no consiste en trivializar más un acto tan radical y extremo, sino, todo lo contrario. No consiste en blindar la práctica delictiva, sino en garantizar el imperio de la ley.