El primer sistema no rige más que limitadamente en Holanda, pero tiene muchos partidarios, no solamente entre las asociaciones cannábicas, de consumidores de marihuana y hachís, (en España, más de treinta), sino también entre hombres públicos que consideran menos mala la legalización, pues con ella se acabaría el negocio del narcotráfico, bajaría el precio y aumentaría la libertad del ciudadano. Así lo defiende MARIO VARGAS LLOSA (increíble ignorante, piadosamente suponiendo, del mundo de la vulnerabilidad del menor), en un artículo publicado en noviembre de 2010 en el diario La Nación de Buenos Aires.

         Sus efectos en Holanda son los de mantener estable el problema de las drogas, quizás mejor distribuidas, aunque con la incoherencia de que el tráfico y suministro a los locales expendedores sigue siendo ilegal, pero en definitiva, enquistar el problema.

         El segundo, con distintas variables, es el de la mayoría de los países del Occidente desarrollado. También rige en España. Nuestro Código Penal distingue tres tipos de droga (de menos a más daño: menor toxicidad o blandas, mayor toxicidad o duras y adulteradas) y penaliza la producción y tráfico de las mismas, pero no el consumo o la tenencia para consumo. De la distinción entre drogas blandas y duras ya nos ocupamos la semana pasada.

         Sus efectos son: España es el país con más consumo de cocaina de Europa, en el que el uso habitual de la marihuana afecta a casi un diez por ciento de la población adulta y a un treinta por ciento de la población juvenil entre 14 y 18 años, tal como veíamos la semana pasada, y que sirve de paso obligado a la droga que entra en Europa desde el Norte de África o desde Latino-América. Cuando uno lee el documento oficial "Estrategia Nacional sobre Drogas", se le cae el alma a los pies, al ver el optimismo con que está redactado y constatar simultáneamente el pesimismo que rezuman las cifras estadísticas y porcentuales del problema. Por cierto, las cifras y porcentajes que acabo de dar, están sacadas de dicho documento en su última edición, para los años 2009 a 2016.

         El tercero rige en países como Barein, Emiratos árabes, Arabia Saudi, China, Filipinas, Indonesia, Irán, Iraq, Jordania, Kuwait, Libia, Malasia, Omán, Siria, Sri Lanka, Tailandia o Vietnam. Penalizan tanto la producción y tráfico como el consumo y posesión, y lo hacen con penas de mucha gravedad, incluida la de muerte en algunos casos.

         A pesar de que alguno de estos países es productor de droga, especialmente opiáceos, no obstante la drogadicción está muy lejos de ser el problema social que representa en el Occidente desarrollado. Es decir, exportan para dañar al enemigo, lo que consideran un veneno para una sociedad, pero lo prohíben de puertas adentro.

         Cinismos aparte, lo que importa ahora es constatar que el sistema de tolerancia cero con la droga, puede funcionar y funciona, si un Estado se lo propone.

         Yo no creo en la pena de muerte, pero sí en la eficacia disuasoria de algunas penas de privación de libertad. Y en lo que desde luego no creo es en el tratamiento Light de algo tan corrosivo socialmente como el tráfico y consumo de drogas.

         Esto es tan negativo para cualquier persona, que el objetivo del legislador debe ser erradicar la droga y no considerarlo un tema de libertad destructiva a respetar, máxime cuando afecta de modo especial a los menores, que pueden encontrarse con su libertad destruida antes de haberla verdaderamente ejercido. Vuelvo sobre el dato antes visto y procedente del documento "Estrategia nacional sobre drogas 2009-2016": solamente la marihuana afecta en España a un treinta por ciento de los menores.

         Al fiscal Gómez Recio, que sostiene que el problema lo ha planteado su tratamiento penal, hay que decirle que es justo al revés: el problemón personal y social, cuyas causas son prolijas, ha hecho inevitable su tratamiento penal en prácticamente todos los países del mundo. La definitiva pérdida del sentido de la medida, con la que critica la reforma del delito de tráfico de drogas por la LO 15/2003, visto el tema del que trata en profundidad, puede muy bien aplicarse, casi literalmente, a su visión positivista, conformista y resignada de la tragedia social que supone la droga en nuestra sociedad.

         Vamos acostumbrándonos a convivir con la tragedia y de ella solamente apreciamos los detalles comparativos, en más o en menos, sin hacer una reflexión objetiva sobre la realidad de lo que significa y la posibilidad de evitarla. Descalificar por antidemocrática la estrategia de tolerancia cero es un lugar común en la progresía, pero lo cierto es que, respetando escrupulosamente las normas del Estado de Derecho, cabe diseñar una estrategia de tolerancia cero para las drogas, que reduciría de modo sustancial el sector de población afectado y protegería, mucho mejor que el sistema actual, al colectivo más vulnerable, el de los menores de edad. Por ello me propongo, en el próximo artículo, hacer un bosquejo de lo que podría ser, a mi modo de ver, una política legislativa adecuada.

         No quisiera, en materia tan grave, actuar de modo frívolo, alejado de la realidad práctica social que vivimos. Soy consciente de que una plaga tan extendida socialmente, con raíces tan profundas y transnacionales de intereses económicos, y tan acorde con una filosofía hedonista y cortoplazista como la que, muchas veces desde el poder, se predica de mil modos a la población, especialmente la más joven, soy consciente, digo, de que erradicar esa plaga exige profundos cambios, no solamente en la legislación represiva, por lo que dicha plaga tiene de delictivo, sino también de otros aspectos más sutiles de la vida social.

         El planteamiento de una nueva política legislativa de tolerancia cero, exige, para ser eficaz, de iniciativas coordinadas y coherentes en otros campos normativos, especialmente relacionados con la educación y la publicidad. Pero no adelantemos acontecimientos, no se pierda el próximo artículo de leyes tóxicas.