En los albores del siglo XXI, a pesar del supuesto reconocimiento del derecho de la mujer a participar en igualdad de condiciones que el hombre en el conjunto de actividades que desarrolla nuestra sociedad, siguen existiendo importantes discriminaciones que afectan al colectivo femenino. Una de esas injusticias se refiere a la situación que viven millones de amas de casa en España que, privadas de cualquier remuneración económica por el trabajo que realizan, dedican un mínimo entre 6 y 9 horas diarias de esfuerzo a las tareas del hogar. Son trabajadoras a jornada completa sin derecho a sueldo. Ante esta situación, prácticamente ignorada por el conjunto de la sociedad, incluidos muchos movimientos feministas y las propias amas de casa, llama la atención la petición que Juan Pablo II ha incluido en el documento final del II Sínodo de Obispos para Europa, texto firmado el 28 de junio de 2003 en una solemne ceremonia en la basílica de San Pedro del Vaticano. En Ecclesia in Europa, el Papa reivindica el derecho de la mujer a obtener un reconocimiento económico por el trabajo que realiza en el ámbito familiar.

        Ecclesia in Europa, que también realiza un llamamiento a la Unión Europea para que reconozca en su futura Constitución las raíces cristianas del continente europeo, destaca en sus puntos 42 y 43 el importante papel de la mujer dentro de la familia en la sociedad actual (ver aquí) ''...La Iglesia manifiesta su confianza en lo que las mujeres pueden hacer hoy a favor del crecimiento de la esperanza en todas sus dimensiones. Hay aspectos de la sociedad europea contemporánea que son un reto a la capacidad que tienen las mujeres de acoger, compartir y engendrar en el amor, con tesón y gratuidad''. Y continúa, en referencia a la igualdad de derechos y la especificidad del hombre y la mujer, afirmando que ''es necesario que, ante todo, en la Iglesia se promueva la dignidad de la mujer, puesto que la dignidad del hombre y de la mujer es idéntica, creados ambos a imagen y semejanza de Dios (cf. Gn 1, 27), y cada uno colmado de dones propios y particulares''. El texto sobre el papel de la mujer concluye manifestando que ''la Iglesia no deja de alzar su voz para denunciar las injusticias y violencias cometidas contra las mujeres, en cualquier lugar y circunstancia que ocurran. Pide que se apliquen efectivamente las leyes que protegen a la mujer y que se establezcan medidas eficaces contra el empleo humillante de imágenes femeninas en la propaganda comercial, así como contra la plaga de la prostitución; desea que el servicio prestado por la madre, del mismo modo que por el padre, en la vida doméstica, se considere como una contribución al bien común, incluso mediante formas de reconocimiento económico''.

Un ejemplar modelo de generosidad

        Las amas de casa son el colectivo profesional más numeroso que existe en todo el mundo. Su trabajo, silencioso y silenciado, las tiene ocupadas la práctica totalidad del día en tareas como hacer las camas; asear a los niños, así como llevarlos al cole y recogerlos; barrer y fregar el suelo; limpiar el polvo; hacer la compra; preparar la comida; poner y quitar la mesa; limpiar cacharros; repasar, lavar, tender y planchar la ropa; coser; ayudar a sus hijos con los estudios; cuidar las plantas; sacar la basura; atender a ancianos, o a niños enfermos; cuando no realizar gestiones fuera de la casa, como visitas a bancos, asistencia a comunidades de vecinos y reuniones escolares; arreglar electrodomésticos, pintar la casa y otras tareas adjudicadas normalmente a los hombres. Y, por supuesto, en épocas de reciente alumbramiento, también realizan ''horas extra'' por la noche. Si tuviéramos que evaluar el sueldo que les corresponde por el trabajo que realizan, estaríamos hablando aproximadamente de una cantidad entre 900 y 1.200 euros netos al mes -en función del número de hijos-, según el actual mercado laboral. Y, por supuesto, las amas de casa carecen de los mínimos derechos sociales que corresponden a cualquier trabajador, como la pensión de jubilación (tan sólo pueden percibirla aquellas que ha cotizado durante un mínimo de 15 años a la Seguridad Social). En los casos de mujeres que también trabajan fuera de casa, éstas suelen cargar, normalmente, con el plato fuerte de las tareas del hogar, evidentemente sin percibir remuneración alguna por este trabajo. Y todo ello, ¿a cambio de qué? A cambio de amor, de afecto, de alguna que otra sonrisa agradecida y, en muchos casos, a cambio de la más absoluta indiferencia del marido y de los hijos. Eso sin contar con todos aquellos casos de malos tratos físicos o psíquicos. Estamos hablando de uno de los más claros ejemplos de altruismo y sacrificio con los que nos podemos encontrar hoy en día.

¿A qué tienen derecho?

        Aparentemente, el trabajo que realizan las amas de casa lo puede hacer cualquiera. No requiere una titulación o estudios específicos, ni tampoco una determinada formación profesional. La mujer aprende a hacer bien su trabajo ''sobre la marcha'', improvisando y por instinto. Teniendo en cuenta todo esto, su cotización en el mercado debería ser mínima. Sin embargo, la actividad que desempeña la mujer en el hogar, y como elemento aglutinador de la familia, la convierte en uno de los pilares básicos de nuestra sociedad. Ella asume la mayor parte de responsabilidad de los hijos, como mínimo, en sus primeros años de vida, sin ningún tipo de estructura de apoyo, prácticamente sin recursos procedentes de la administración y con unas políticas empresariales que dejan mucho que desear en cuanto a la protección de la maternidad. En esos primeros años, la madre, a través de la educación, es la transmisora de los conocimientos básicos para que el niño integre el sentido de la vida. La personalidad del niño queda fijada en esos primeros años de vida.

        Si esto es así, ¿por qué las administraciones gastan miles de millones de euros en enseñanza secundaria y universitaria y prácticamente no existen inversiones para el período inicial de la vida que ha de determinar el posterior rendimiento y conducta de la persona?

        Por su impagable capacidad de gestión y de organización en el hogar, por la calidad de vida que generan, tanto en el terreno de la alimentación como en el de la higiene, las amas de casa tienen derecho a una compensación que, hoy por hoy, la administración no les otorga. Las recientes decisiones de las administraciones central y autonómicas para ayudar a la familia, además de ser meramente testimoniales si desean alcanzar el objetivo de fomentar la maternidad, no tienen en cuenta para nada a la mujer que decide voluntariamente dedicarse a la familia y al cuidado de los hijos. Un primer paso sería el de introducir la jornada reducida de 34 horas semanales para las madres, sin que ello suponga una merma en el salario, con disminución de impuestos para las empresas. En estas medidas se debería contemplar también un sistema de guardería gratuito con horarios adaptados a la jornada reducida. Al mismo tiempo, ¿por qué la madre transmisora de conocimiento y trabajadora incansable no tiene derecho a un salario social y a la Seguridad Social? ¿Por qué no percibe una pensión de jubilación y viudedad, o una pensión por el cuidado de los niños? ¿Por qué no existen unas desgravaciones fiscales especiales para las amas de casa? También desde algunas asociaciones de amas de casa, se reclama que deberían estar incluidas en el Producto Interior Bruto (PIB), haciendo una valoración de su trabajo a precio de mercado, o sea teniendo en cuenta lo que significaría conseguir el producto de su esfuerzo si hubiera que pagarlo.

        En definitiva, el derecho de las amas de casa a percibir un sueldo por el trabajo que realizan forma parte de una serie ''cuentas pendientes'' de la sociedad con la mujer (algunas de las cuales quedan recogidas también en el Pacto por la Vida y la Dignidad (ver aquí). La mujer tiene derecho a trabajar, a acceder a los órganos de poder de decisión empresariales, políticos, económicos, jurídicos y de cualquier otro ámbito. Pero también tiene derecho a ser madre, educar a sus hijos, conducir una familia y, al mismo tiempo, sentirse compensada emocional y económicamente. Son unos derechos y un reconocimiento que cuentan con el respaldo del Parlamento Europeo y de las Naciones Unidas. Y las administraciones tienen la obligación de atender esas demandas y crear las condiciones que lo hagan posible. Estamos hablando de uno de los retos del nuevo Estado del bienestar del siglo XXI.