La Iglesia española levantó ayer la voz contra las últimas iniciativas del Gobierno en materia social, tan sólo a una semana de que el Ejecutivo apruebe el matrimonio entre homosexuales, que implica la posibilidad de adoptar niños por parte de parejas del mismo sexo.

        El portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, manifestó que "llevará a pie de calle" la "visión cristiana sobre cuestiones que están interesando a la opinión pública", como la eutanasia, las parejas homosexuales, el aborto o la ampliación del divorcio, para hacer frente a las propuestas del Ejecutivo socialista. Pese a que la Iglesia "nunca ha tratado de incitar a los católicos a manifestarse, ni mucho menos ha convocado ni convocará manifestaciones", Martínez Camino sí recordó que "los derechos civiles que pueden llevar a cabo los ciudadanos, los pueden hacer también los católicos".

El debate de la financiación

        Desde la llegada del PSOE al poder numerosas iniciativas (divorcio, aborto, eutanasia, educación...) han sido duramente contestadas por diversos representantes de la Iglesia. Ahora, aprovechando el final de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, la Iglesia ha decidido combatir en bloque las propuestas socialistas que vulneran los principios cristianos. Además de estas reformas sociales, Ejecutivo e Iglesia también han polemizado en los últimos meses sobre el actual sistema de financiación. De hecho, tanto la opción voluntaria en la declaración del IRPF como la habitual aportación del Estado al sostenimiento económico de la Iglesia católica serán revisadas en esta misma legislatura.

        Uno de los episodios más controvertidos de las relaciones entre Iglesia y Gobierno vino dado hace unas semanas por la paralización por parte del Ejecutivo de Zapatero del calendario de aplicación de la Ley de Calidad de la Enseñanza, cuyo principal caballo de batalla se centraba en la naturaleza evaluable de la asignatura de religión, punto arrumbado por el Gobierno socialista. Sin olvidar, la especial situación de los profesores de Religión, nombrados por la Iglesia pero pagados por el Estado. La ambigüedad ha presidido numerosas declaraciones de distintos ministros sobre la posibilidad de que el Gobierno denunciara los acuerdos Iglesia y Estado, que acaban de cumplir sus 25 años.

        En su intervención de ayer, Camino no descartó que se produjeran movilizaciones de católicos contra el Gobierno, puesto que "son libres para actuar como crean conveniente". "Si por movilización se entiende contribuir a despertar la conciencia de los católicos en particular y de los ciudadanos en general frente a algunas cuestiones, la Conferencia Episcopal lo ha hecho y lo hará", apuntó Martínez Camino, quien resaltó la intención de influir, "como influyen e intervienen otras instancias", puesto que "la relevancia de la Iglesia católica en España no es inferior a otras instancias, ni mucho menos". En este punto, el portavoz episcopal reclamó el derecho de los obispos a "decir lo que quieran con absoluta legitimidad".

        Cuestionado sobre la actuación del PSOE durante sus seis meses de mandato, el portavoz del Episcopado resaltó que "hasta ahora, el Gobierno ha hablado fundamentalmente sólo de intenciones, que será necesario ir juzgando con el tiempo". No obstante, Martínez Camino criticó algunas de las modificaciones previstas por el Ejecutivo socialista, fundamentalmente en lo referente al futuro matrimonio entre homosexuales, la situación de la escuela católica o la posible legalización de la eutanasia.

        Sobre los primeros, resaltó que "las personas homosexuales son ciudadanos que no deben ser discriminados. En la Iglesia, deben seguir de acuerdo con los derechos de los bautizados". Pero en este punto señaló que "hay que ver qué es el matrimonio. Si se entiende como unión estable y orientada hacia la vida, sólo puede darse entre un varón y una mujer", por lo que "no se puede decir que dos personas del mismo sexo tengan derecho al matrimonio".

        "El Estado no puede decir que este derecho existe, y si lo hace estará actuando injustamente", recordó Martínez Camino, quien admitió que "la Conferencia Episcopal no es competente para legislar, el Estado sí". El portavoz afirmó que dicha legislación -que será aprobada como anteproyecto de ley el próximo 1 de octubre- "sería injusta y perjudicial para el bien común". Añadió que "sería discriminatorio para el matrimonio, porque supondría equiparar dos realidades que son profundamente distintas".

Una práctica "inmoral y antisocial"

        En cuanto a la eutanasia, Camino se remitió a una declaración suscrita por la Iglesia española en 1998, tras la muerte de Ramón Sampedro, en la que los obispos subrayaban que "la eutanasia es inmoral y antisocial". "Estas palabras siguen siendo válidas hoy", dijo Martínez Camino, quien indicó que, en los próximos meses, "vamos a intensificar la difusión" de la citada declaración, así como de otras notas de la Conferencia Episcopal sobre asuntos relacionados con la defensa de la vida.

        Sobre la situación de la escuela católica tras la derogación de las reformas de la Ley de Calidad en lo referente a la asignatura de Religión, la Iglesia española asumió que "es un asunto que preocupa mucho y que se sigue muy de cerca", aunque Martínez Camino no quiso dar fecha para la publicación de un documento en el que se viene trabajando desde comienzos de año, del que dijo que "se siguen incorporando cuestiones".

        Finalmente, el portavoz del Episcopado español quiso referirse a los posibles cambios en el formato de financiación estatal a la Iglesia. Tras apuntar que la asignación tributaria "está asegurada hasta el año que viene", Juan Antonio Martínez Camino rechazó que a la Iglesia "le preocupe en exceso el dinero", que "tampoco es una cuestión de vida o muerte, ni la Iglesia va a condicionar su libertad a cuestiones económicas".