Ya sabemos, por lo examinado las semanas pasadas, que el divorcio es, para los hijos, un terremoto destructivo de sus seguridades afectivas y, por su efecto didáctico en ellos, un cáncer social de crecimiento indefinido, que va reduciendo, cada generación, esa "masa crítica" de familias intactas que toda sociedad necesita.

         Hemos constatado cómo el matrimonio cumple mejor que la unión de hecho los objetivos de fecundidad, estabilidad afectiva y paz familiar, exigibles a la unión heterosexual de la que depende el relevo generacional.

         No podemos quedarnos en la simple denuncia de la ley tóxica. Sus defensores nos pedirán que presentemos una alternativa mejor. Eso es lo que vamos a intentar esbozar en esta ocasión.

         El artículo 39 de la Constitución, en su número uno, declara que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.

         Esta protección se concreta en muchas las leyes que protegen y benefician al matrimonio. El cónyuge tiene un trato de favor en sanidad, pensiones, arrendamientos urbanos, derechos sucesorios, impuestos etc…

         Estas normas beneficiosas, distintas de la regulación matrimonial propiamente dicha, podríamos llamarlas genéricamente el "pack de protección legal" del matrimonio.

         En mi opinión, supondría una mejora de política legislativa, la que se ajustase, en la regulación del matrimonio y la unión de hecho, a las siguientes coordenadas:

         Respetar la libertad de elección de los ciudadanos, ligándola a responsabilidades adecuadas a la decisión tomada.

         Para que esa libertad sea más real, informar a los candidatos sobre las características y efectos de cada una de las opciones: matrimonio, unión de hecho.

         Además de informar, en lo posible, formar, que es más, en las ventajas derivadas de una actitud de compromiso en esta materia, especialmente en el caso de decidir tener hijos.

         Dotar del "pack de protección legal" que hemos visto, a la unión de hecho en la medida y proporción en que se den en ella las características que la hacen individual, familiar y socialmente mejor, esto es, en la medida en que en la misma se den las notas de estabilidad afectiva y paz. (Es decir no de inicio, como ocurre en el matrimonio, en el que, de inicio, se asume un compromiso entre los contrayentes y con la sociedad).

         Unificar la regulación de la unión de hecho a nivel nacional (no tiene sentido la atomización normativa actual, que genera problemas constitucionales y conflictos de normas incompatibles entre sí, cuando el fenómeno es idéntico en toda España) y escalonar el cuadro de efectos beneficiosos, proporcionadamente al cumplimiento en el tiempo de los objetivos indicados, sin que la inscripción en un registro "ad hoc", por sí, produzca efecto alguno.

         Primar la fecundidad, sea matrimonial o de unión de hecho, con beneficios y ligarla asimismo, a responsabilidades de paternidad y maternidad.

         Cada embarazo, hasta los tres primeros al menos, debe ir unido a sesiones informativas sobre lo que significa la paternidad y la maternidad para el hijo que viene y el protagonismo y responsabilidad que de ello se deriva para los padres.

         La paternidad responsable debe centrarse más en el hijo nacido y no limitarse a la decisión de tenerlo o no, como hasta hoy se viene haciendo de modo casi exclusivo.

         Ampliar la capacidad de obrar de los contrayentes matrimoniales, sean civiles, canónicos o sujetos a cualquier otro rito o confesión, permitiéndoles elegir, como efecto civil del matrimonio contraído, la nota de la indisolubilidad del mismo, de modo que, en el caso de fracasar su relación, les quede la separación pero no la disolución del vínculo.

         Todos tenemos derecho a ser "aventureros" de nuestro proyecto de vida. Lo que hizo Hernán Cortes en 1519, en la conquista de México, inutilizar las naves, que representaban el volverse atrás, fue la clave del éxito de su conquista. No había más opción que salir adelante en aquella aventura. La analogía psicológica con la actitud del contrayente matrimonial es enorme y los que hemos "quemado las naves" lo sabemos por experiencia. El legislador priva hoy a los novios de esa opción radical y eso no es prudencia legislativa sino ignorancia antropológica. La actitud de "quemar las naves", admitida como opción libre regulada, facilita el éxito del matrimonio, al dar eficacia jurídica a la convicción de los cónyuges de que ese, y no otro, es su camino y que hay que andarlo buscando soluciones a los problemas, dentro de él.

         Puede afirmarse, en este contexto, que el divorcio, más que una solución a los fracasos matrimoniales, es el fracaso radical de sus posibles soluciones.

         Sé, querido lector, que este es el momento en que un "progresista" del matrimonio, se escandaliza de la propuesta, la considera retrógrada, cavernícola o fundamentalista, y la descalifica, no solamente a ella sino también a quien tenga la desfachatez de hacerla, sin percatarse de que, con ello, se está descalificando a si mismo como demócrata.

         En efecto, en ese momento, pasa a imponer la disolubilidad matrimonial, sin respetar la opinión de los que, como el que escribe estas líneas y muchos de los que las lean, amparados en su experiencia de vida, en el ejemplo de vida que han visto vivir a sus padres y a tantas personas de su entorno, tienen la profunda convicción de que la indisolubilidad matrimonial es una buena fórmula de felicidad personal, conyugal y familiar. No solamente buena, sino demostradamente mejor que su contraria, la imposición de la disolubilidad.

         Aquí vale el argumento que los abortistas utilizan para defender el aborto: "A nadie se le obliga a abortar", es decir, a nadie se le obliga a contraer matrimonio indisoluble. Con la ventaja, "petite différence," de que, en este caso, no hay un tercero perjudicado por ese acto libre de los adultos, el hijo, sino, en todo caso, beneficiado.

        ¿Y si, a pesar de todo, sobreviene la crisis? Somos humanos… de esto tratará el próximo artículo.