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Creo que se aplica muy bien en el caso el dictado popular: primero se toma la decisión y después se hace la reunión. No se trata de otra cosa que de dar una apariencia de diálogo para imponer una ley muy impopular, pero que hace parte de la agenda ideológica de la izquierda y el feminismo más radicales y extremistas.
Cuando se habla de la mejor ley posible me gustaría preguntarle a la ministra: mejor, ¿para quién? Para la patronal de las clínicas abortistas, no hay duda. Para el feminismo radical, realmente, colma sus aspiraciones. Pero para los seres humanos, que son sacrificados en el seno materno y para las pobres mujeres inducidas al aborto, es lo peor que se puede hacer.
Siendo la propia ministra una partidaria incondicional del aborto, no se podía esperar otra cosa. Aceptar cualquier argumento de la ciencia en este momento, implicaría aceptar que la vida humana comienza en el momento de la concepción. Si hay vida humana en un embrión y en un feto, ¿cómo justificar que los llamados defensores de los derechos humanos les nieguen el derecho a nacer y a vivir? Sería lo mismo que reconocer que se está legalizando un genocidio que ya alcanza en España a 120 mil niños al año. La ministra tiene que evitar el debate científico, como evitar el debate jurídico o el debate ético y más aún el debate religioso, que el aborto de por sí suscita. Y eso lo hace fingiendo que no oye, que no entiende o con meras descalificaciones.
Las peores consecuencias: para el no nacido, grave peligro de ser asesinado. Para las madres, el peor de los riesgos para su salud psíquica y física. Para la familia, la más injusta de las violencias domésticas. Para la sociedad, la frustración de estar destruyendo su futuro, sus esperanzas y su alegría que constituyen sus hijos.
Lo que aconteció el domingo pasado en las manifestaciones realizadas en toda España fue apenas el comienzo. A medida que la opinión pública se va dando cuenta del horror que es el aborto y que las fuerzas vivas y sanas de la España profunda se despiertan y organizan, la ministra y el Gobierno se darán cuenta que absolutamente no es un debate cerrado. Por el contrario, que ellos mismos han colaborado para hacerlo más actual e impopular que nunca. Tendrán que elegir entre aprobar la ley y perder las próximas elecciones generales, o postergar sus siniestros sueños de disponer de la vida y la muerte de los demás. | |||||
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