Una revolución silenciosa

Jesús Trillo Figueroa

Video con palabras de Benedicto XVI

—¿Cuál es la razón de que se celebre este acto en defensa de la familia?

         —Se podría hablar de una razón que tiene que ver con la situación histórica por la que atraviesa la familia y otra razón de fondo, que tiene que ver con la misión de la Iglesia en relación con la familia. Con respecto a la primera, hay que hablar de una situación de la familia, no sólo en España sino también en Europa, que se caracteriza por una confusión creciente a la hora de concebirla, por una relativización de sus contenidos morales y de su significado. Hay otra situación, determinada por los efectos de la crisis familiar y del matrimonio, en el que nace la familia. Es evidente en una sociedad donde el número de divorcios se ha disparado de tal manera que casi supera a los matrimonios, y en donde la relación matrimonio y vida, matrimonio y descendencia, ha quedado cortada. Así, se ha creado una situación especialmente grave, que desde un punto de vista pastoral nos obliga a hacer una proclamación pública, con la palabra, con la vida, con el testimonio de los matrimonios cristianos.

—¿Es un acto de afirmación de la familia o de protesta ante esa situación?

        —Es un acto de penetración positiva y pública de la realidad del matrimonio cristiano en España. En su inmensa mayoría son matrimonios y familias que viven esa condición tan fundamental para su vida cristiana, y la viven como el marco que da sentido a su vida, que les permite vivirla con esperanza y con gozo.

—En esta legislatura se ha aprobado la ley de matrimonios homosexuales, la introducción de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y la modificación de la ley del divorcio para facilitar la ruptura matrimonial. ¿Se trata hoy de un acto de carácter político?

        —Es un acto de manifestación de la Iglesia, de lo más propio que tiene en su ser y en el ejercicio de su misión: la acogida de la palabra de Dios. Y un tema que forma parte integrante del Evangelio, que es el matrimonio y la familia, realidades que tienen que ver con el orden jurídico y por tanto con el marco de la vida política. Nuestro acto es de proclamación del Evangelio de la familia. ¿Que eso tiene repercusiones en otros órdenes de la vida de las personas? Sí, pero lo que nosotros intentamos es llevar al corazón y a la conciencia de las personas y de la sociedad el valor permanente del matrimonio y de la familia.

—Se deduce que es un acto con vocación transversal, que supera los límites de la izquierda y de la derecha.

        —Cuando la Iglesia proclama el Evangelio, lo proclama universalmente y no se preocupa mucho si uno es de izquierdas o de derechas. Son categorías políticas que no se adecuan a la hora de definir o valorar una acción pastoral de la Iglesia.

—¿En qué modo cree que incide el llamado matrimonio homosexual sobre la familia?

        —Incide en la valoración pública y en la estima o el conocimiento de lo que de verdad es familia. Y eso tiene repercusiones pedagógicas con respecto a las generaciones jóvenes y a la sociedad en general. Se puede perder poco a poco la convicción de que la familia es vital para el bien común, para la subsistencia de la sociedad. Esa función no es asumible por otro tipo de uniones y tampoco desde el punto de vista de las experiencias morales y espirituales. La persona necesita desde sus primeros años de la experiencia de amor que viene del padre y de la madre, lo necesita incluso hasta por razones físicas. En la historia actual de la pediatría, de la psicología infantil, es conocido que niños que han perdido la experiencia de la unidad del matrimonio, del padre y la madre juntos, sufren tremendamente. Ese fenómeno humano, espiritual, moral de la familia no puede ser desvirtuado con equiparaciones que niegan esa misma realidad.

—La llamada ley del divorcio exprés ha sido criticada particularmente por la Iglesia, pero también por otros colectivos. ¿Es esa norma otro de los motivos de desazón?

        —Es un factor que está favoreciendo las rupturas matrimoniales, un fenómeno extraordinariamente negativo. Si el ordenamiento jurídico del Estado no apoya la estabilidad y facilita la ruptura de la asunción de responsabilidades mutuas, reduce el significado del vínculo matrimonial a que uno de los esposos diga que ya está harto, y además pueda romper ese vínculo a los tres meses de haberse producido. Se está convirtiendo en un factor enormemente negativo para el bien de las personas, de las familias y también para el bien común.

—La asignatura de Educación para la Ciudadanía está influyendo sobre la libertad educativa de los padres, que es un derecho constitucional. ¿Cree que hay posibilidades todavía de llegar a un acuerdo con el Gobierno?

        —La asignatura, tal y como se ha desarrollado, evidentemente entra en relación intrínseca con el significado, la programación y los fines de la clase de Religión católica y de otras religiones. Se crea, indirectamente, un problema: la relación de esta formación y de sus contenidos con el derecho de los padres a educar a sus hijos, con la formación moral y religiosa que quieren para sus hijos. Es evidente que una asignatura que se refiere a estas materias va en contra de ese derecho.

—La vía de la objeción de conciencia no ha tenido resultados satisfactorios...

        —Hay que tener en cuenta un dato, y es que en una serie de comunidades muy importantes, como Madrid y Valencia, no se ha implantado aún la asignatura. Hay que esperar.

—¿Considera razonable y asumible la postura de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE) de aceptar e impartir la asignatura?

        —Creo que la FERE debe facilitar el derecho de los padres a la objeción de conciencia, y no me vale la argumentación de que «nosotros vamos a dar Educación para la Ciudadanía con una guía que limite la carga ideológica laicista de los temas». Porque lo que entonces admite la FERE es que se imponga en sus colegios una asignatura obligatoria que va en contra de un principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia. Se puede decir, «vamos a neutralizar los efectos negativos de la enseñanza de esta materia, se puede conseguir así...». Pero es que, aun sin quererlo y pretenderlo, se tolera como éticamente admisible y aceptable un hecho pedagógico y académico que implícitamente lleva consigo la negación del derecho de los padres a la educación moral de sus hijos.

—¿Sería una vía más factible los recursos contencioso administrativos?

        —Es posiblemente la vía más eficaz, pero una no excluye a la otra. Yo creo que hay dejar a los padres que elijan los caminos que ellos en conciencia creen que deben seguir para proteger su derecho, que Juan Pablo II calificaba de primario e insustituible. Y para ello contarán con la ayuda de la Iglesia, y de sus obispos y sus sacerdotes, de toda la comunidad cristiana, porque si hay algún tema en la vida social donde los pastores de la Iglesia tienen la obligación de actuar con su palabra y de usar su magisterio y todos los instrumentos de actuación de acuerdo con el Evangelio, es en esas situaciones donde se recortan o limitan los derechos fundamentales.

—Estamos conociendo algunos datos sobre abortos manifiestamente ilegales, que han hecho rebrotar un debate social muy importante. ¿Qué opinión le merece a la Iglesia esta situación?

        —Cuando empieza la discusión pública del llamado derecho a abortar por parte de la mujer, la Iglesia reafirma la inviolabilidad del derecho a la vida de todo ser humano, desde que nace hasta que muere. Si hay una época en la que científicamente pueda decirse con mucho más fundamento que en otros tiempos que el embrión (que es un quién ya definido genéticamente) lleva consigo el principio espiritual que le sostiene y le va a sostener en todo su desarrollo, es la actual. Antes no se podía decir, no se sabía.

La persona, en los estadios sucesivos de su desarrollo biológico, dentro y fuera del vientre de su madre, va a ser lo que es. Por tanto, ¿quién es nadie para decidir sobre el derecho a la vida del embrión, sobre el derecho a la vida del hombre en cualquier fase de su vida? Don Julián Marías decía que si eso se hace depender del ejercicio de la conciencia de la persona, se abre la puerta a atrocidades que, por cierto, se han dado en la historia. Y se están dando ahora.

—Las ayudas a las familias se han incrementado en los últimos años, y también en esta legislatura, ¿se pueden considerar suficientes?

        —No. Son radicalmente insuficientes. Una familia tiene que sacar adelante gastos de todo tipo, la educación de sus hijos… y que todo ese trabajo no tenga ninguna valoración económica como tal y ningún reconocimiento jurídico fiscal claro y neto, es una injusticia radical. La gran perdedora, el gran sujeto de las injusticias de las sociedades actuales y de sus ordenamientos jurídicos y económicos, es la familia. Es la gran sacrificada, la gran explotada de la sociedad actual.

—¿Lo dice con carácter general, no solamente referido a España?

        —Lo digo referido a toda Europa, porque efectivamente hay países donde la familia recibe un mejor trato, pero ese dato sigue siendo inamovible. Parece lo más normal que al padre o la madre, si no trabaja y se queda en casa dedicando su tiempo a los hijos, eso no se le pague. Se dice, «hombre, yo no lo hago porque me paguen». Y es evidente, no se hace porque te paguen, pero no puede ser que la sociedad valore eso como si no costase nada. Más que la gran explotada, la familia es la gran víctima del actual ordenamiento jurídico y económico de las sociedades europeas.

—¿La Conferencia Episcopal respalda y participa en este acto de las familias?

        —No ha habido ninguna actuación específica con respecto a su participación en este acto, pero hemos hablado entre nosotros, y dentro ya del contexto del Comité Ejecutivo, que se reúne una vez al mes, su acogida y disponibilidad para ayudar en todo lo que sea la organización del acto es clara. Además, participarán muchos obispos españoles y todos los cardenales, físicamente presentes casi todos. Y estará el presidente de la Conferencia Episcopal. Hay muy buena colaboración.

—¿Esperan ustedes adhesiones y presencia de organizaciones políticas en el acto?

        —No.

—¿Ni concretamente del Partido Popular?

        —Nosotros sólo hemos invitado a los fieles católicos y a sus organizaciones. Todos los que vienen tendrán alguna opinión política, me figuro, y si los políticos en activo son católicos y se sienten católicos, pues está muy bien que vengan, sean del partido que sean.

—El acogimiento del Papa ha sido particularmente caluroso.

        —Sí. Tanto que nos va a dedicar su alocución del Ángelus, y lo hará en español. Hemos recibido de él ánimo para celebrar el encuentro. Humildemente, pretendemos ofrecerle una actuación de la Iglesia en España que pueda ayudar a la Iglesia católica en otros lugares.

—Juan Pablo II, en 1982, marcó el camino de apoyo a las familias en nuestro país. En esa época existieron dos grandes personajes de la Iglesia de la Transición. Monseñor Tarancón, del que se cumple el centenario de su nacimiento, y otra figura que quizá ha quedado más oscurecida, Don Marcelo González. ¿Cómo se proyectan ambos en la Iglesia de hoy?

        —Don Vicente es el que encauza el nuevo marco de relaciones de la Iglesia católica con el Estado, con el Gobierno, con la sociedad, también con las nuevas corrientes culturales. Su actuación estuvo llena de tacto histórico, de finura eclesial y por tanto de aciertos. Don Marcelo estuvo más en un segundo lugar del escenario, pero muy importante. Fue el responsable de la vida interna de la Iglesia en España, del cultivo y el cuidado de sus valores teológico-espirituales, de su revitalización interior. Fue decisivo también a la hora de alumbrar el nuevo capítulo de las vocaciones en España en esos años.

—Ambos están muy vinculados a la llamada memoria histórica, que a la Iglesia le concierne desde el punto de vista estrictamente normativo (Valle de los Caídos) y de demanda política. Concretamente, se le demanda una petición de perdón por una trayectoria histórica anterior a la Democracia. ¿Qué le suscitan estos planteamientos?

        —Primero, la ley de memoria histórica no era necesaria. Segundo, la previsión referente al Valle de los Caídos salva la libertad de la presencia de la Iglesia en la basílica y en la abadía de la Santa Cruz. Esto es muy importante, hay que agradecerlo, y si es una regulación definitiva para el futuro, creo que es buena porque hay que despolitizar el lugar, la abadía y la iglesia. Allí se va a rezar por todos los que se encuentran en ese sitio sepultados y se hará para que la reconciliación de los españoles no sea un episodio más o menos largo, sino definitivo. Lo que sí hace esta ley es pretender recuperar la historia de la vida, lo que no es propio de una actuación legislativa. Y en España todavía con mayor razón, porque una guerra civil es siempre un episodio tremendamente doloroso, que divide, y tienen que pasar tres o cuatro generaciones para no correr el peligro de abrir heridas que estaban cerradas.

—¿Estaban esas heridas cerradas?

        —Las heridas, y pertenezco a la generación de la Transición política, estaban cerradas. Y en eso habíamos colaborado casi todos. La inmensa mayoría de la sociedad española. Esa ley no era necesaria. Y existe un dato, creo yo, que es irrefutable: ha habido persecución religiosa. Una persecución religiosa muy cruel. Con unos antecedentes: mayo de 1931, quema de iglesias en Madrid y en otras ciudades de España; al finalizar ese año, aprobación de una Constitución con un artículo que recorta gravemente el derecho a la libertad religiosa, y otros donde se incide en la presencia y la actuación de la Iglesia en una sociedad libre, y que después es desarrollada con leyes ordinarias como la de la expulsión de la Compañía de Jesús y la incautación de sus bienes, la prohibición de la actividad de todas las órdenes religiosas en el ámbito de la enseñanza y en otros; amplias restricciones con respecto al ejercicio del culto público... No se pueden olvidar esos datos. Los católicos, la jerarquía, la Santa Sede, a pesar de todo, fueron leales a la autoridad legítimamente constituida, buscaron la fórmula jurídica de convivencia y no tuvieron nada que ver con el comienzo de la Guerra Civil. Son datos que no creo que sean discutibles.