La tolerancia no puede convertirse en una indiferencia total y absoluta de los Estados ante los atentados graves contra los derechos humanos ocurridos fuera del propio territorio.

        La idea de que los derechos humanos no son competencia exclusiva de cada Estado, sino que los Estados se limitan a reconocer su existencia y a protegerlos, ha llevado a acuñar en los últimos años el término de derecho de injerencia humanitaria.

        El derecho de injerencia humanitaria lleva a que la comunidad internacional asuma en ocasiones la defensa de los derechos humanos por encima de la soberanía de los Estados, sin que esos países afectados puedan refugiarse en la excusa de que se trata de asuntos internos.

        Si una vez agotados todos los medios diplomáticos razonablemente posibles, a pesar de todo, las poblaciones siguen en grave riesgo de sucumbir bajo un agresor injusto, no puede decirse que los demás Estados tengan un total derecho a la indiferencia: hay casos en que sería injusto escudarse en la tolerancia para asistir impasiblemente a flagrantes atropellos de los derechos humanos. De la misma manera, sería injusto escudarse en ese derecho a la injerencia para someter o subyugar a otro Estado.

        Este derecho de injerencia, que se ha aplicado con éxito en bastantes ocasiones (aunque con frecuencia esa ayuda ha sido pequeña y ha llegado tarde), se apoya en el hecho indudable de que los derechos humanos son universales e inmutables. Eso es lo único que puede legitimar semejantes acciones en contra de la libertad de los gobernantes o grupos armados que los transgreden.

        De lo contrario, o sea, si la causa de la libertad se separa de la referencia a la verdad, los derechos humanos no serían más que un imperialismo cultural o una imposición ideológica del Estado que acude a defenderlos.