La historia ha ido demostrando que cuando se pretende reducir la verdad al mero resultado de la voluntad de una mayoría de los ciudadanos, ignorando su obligada referencia a la verdad natural, la democracia deja totalmente indefensa la libertad de las minorías que hay en su seno.

        Si no se reconoce esa dependencia para con la verdad, será imposible considerar injusto que un Estado decida, por ejemplo, exterminar a una minoría racial (que quizá tenga pocos o ningún representante o defensor en la cámara parlamentaria), o tratar de modo discriminatorio a una determinada porción territorial del Estado (pequeña para hacer valer sus derechos), etc.

        La total neutralidad moral del Estado legitima el derecho del más fuerte.

        Más ejemplos. Si la democracia niega esa dependencia de la verdad, tampoco podría considerarse injusto el tráfico de influencias, o el uso de información privilegiada para fines de enriquecimiento personal de las autoridades políticas, puesto que en la mayoría de los casos no están directamente castigados por las leyes, y si debe considerarse que son casos de corrupción es porque atentan contra la justicia (que no siempre coincide con las leyes o las urnas).

        No hay que olvidar que no es infrecuente que las urnas, mal que les pese, den su confianza a unas personas que saben corromperse sin llegar a estar nunca fuera de la ley (entre otras cosas, porque las leyes pueden hacerlas ellos mismos).

        Un Estado que pretendiera desvincularse de sus obligaciones respecto a la verdad sería un Estado inmensamente tolerante, pero solo en el sentido de ser, parafraseando a J. K. Galbraith, inmensamente tolerante -indiferente- con quienes creen que debería mejorarse.