—Si la verdad cristiana no debe imponerse, ¿cómo explicas que la Iglesia siga imponiendo sanciones a teólogos que mantienen posiciones demasiado "renovadoras"?

        La Iglesia católica no obliga a ninguna persona a creer en nada. Lo que pasa es que algunos se han empeñado en presentar como mártires, objeto de clamorosas injusticias, a algunos sacerdotes y teólogos que pretenden seguir diciendo, desde puestos oficiales de instituciones eclesiásticas, cosas que no son de ninguna manera conciliables con la teología católica.

        Cualquier persona, sea o no creyente, entiende que la Iglesia -como cualquier otra institución que no quiera acabar en la más lamentable de las confusiones- debe asegurar que las personas que la representan expresan con fidelidad su doctrina. Y aunque esa doctrina es compatible con la evidente multiplicidad del pensamiento cristiano, hay cosas que no son pluralidad sino contradicción.

        Dentro de la misión de la Iglesia está verificar si una línea de pensamiento o de expresión de la fe pertenece o no a la verdad católica. Y mantener esas garantías exige un Derecho, y una autoridad que juzgue conforme a él y que luego se ocupe de aplicar sus decisiones.

        Y hay que decir que los procedimientos judiciales de la Iglesia son mucho más respetuosos y contemporizadores que los que se emplean en el mundo judicial civil. No hay más que leer el Código de Derecho Canónico para ver que la Iglesia no es una institución sometida a lo arbitrario. Se respeta enormemente el derecho de las personas, y eso aun a costa de incurrir a veces en cierta lentitud.