Soy consciente de que plantear una política legislativa en un tema tan complejo y delicado como el de las drogas, puede fácilmente convertirse en un ejercicio de frivolidad superficial, que en nada ayuda a la solución del problema que plantean en nuestra sociedad.

         Pero lo soy igualmente de que la actual política legislativa se evidencia por sus frutos como mala, tal como hemos tenido ocasión de constatar las dos semanas pasadas.

         Por ello propongo, una política legislativa de tolerancia cero en la materia, con los apartados siguientes:

         1.- Dado que las drogas ilegales y el alcohol, según tendremos ocasión de examinar respecto de este último la próxima semana, constituyen en la actualidad una plaga que afecta a más de la mitad de nuestros menores de 14 a 18 años, procede que desde todas las instituciones públicas relacionadas con la educación de los menores, se produzca una estrategia educativa y mediático-publicitaria, que contrarreste eficazmente la presión e inducción a la que se ven sometidos los menores en esta materia.

         Hay que darles a las drogas, incluido el alcohol, la mala prensa que se merecen, en orden a su consumo por menores. Si hemos asistido a campañas antitabaco y normas prohibitivas cada vez más exigentes, esto mismo pero focalizado en el daño a los menores, debe hacerse aumentando en muchos enteros la intensidad, de modo que produzca una mentalización progresiva en los adultos de lo que es realmente: veneno destructor del futuro de esos menores y de la sociedad en la que constituyen el relevo generacional.

         2.- Sanción penal no solamente para la producción o tráfico, sino también la posesión y el consumo, con penas de privación de libertad verdaderamente disuasorias, como las que se recogen en los Códigos penales de los países verdaderamente decididos a erradicar el problema. No se diga que se trata de países no democráticos. Las penas altas de privación de libertad, en el contexto del que hablamos, son pura legítima defensa democrática de una sociedad que verdaderamente quiere proteger de esta peste a su juventud, a su relevo generacional.

         Las penas para el narcotráfico deben ser verdaderamente proporcionadas a lo antisocial del comportamiento que supone lucrarse sembrando veneno en la sociedad. Un alijo de droga que permite comercializar este veneno indiscriminadamente para miles de personas, debe tener un tratamiento, en todos los tipos penales relacionados con su producción, transporte y distribución, proporcionado el daño potencial de la droga de que se trate. Ello, a mi modo de ver, nos lleva a penas de privación de libertad de decenas de años y para algunos tipos penales especialmente graves, de dirección en la producción y distribución, organización etc, la cadena perpetua y la comunicación vigilada en todas sus relaciones con el exterior.

         En el mismo orden de gravedad de comportamientos punibles debe tratarse el del funcionario corrupto, sea carcelario, policial o de cualquier otro tipo.

         En cuanto al consumo, habida cuenta que la droga permanece en el organismo durante horas y, en algunos casos, días o incluso semanas, cabe hacer pruebas, como las de alcoholemia, en los días, horas y lugares adecuados.

         El comentario generalizado de los internautas, sobre las penas de cuatro años de prisión por posesión o consumo de droga, que se aplican de modo inmisericorde a los turistas occidentales en los países del próximo y extremo oriente, se produce en dos tiempos: 1º Escandalizarse de lo exagerado de la pena 2º.- Insultar al encarcelado con este argumento: ¿Cómo se puede drogar uno en un país donde sabes que se las gastan así? Este argumento, simple y ramplón, es a la vez de una contundencia dialéctica que debiera hacer reflexionar a nuestros legisladores.

         3.- Tratamiento terapéutico con drogas a los drogodependientes profundos, al modo como se ha ensayado en Suiza, controlados por médicos especializados y dirigido a la rehabilitación de los drogadictos, nunca a perpetuarlos en su situación, sino a sacarlos de ella.

         La tolerancia cero debe ser con la droga, no con el drogadicto. ¿Cómo se aplica esto en la práctica?

         1º. -Separando drásticamente el tratamiento de la producción y tráfico por un lado y el del consumo por otro. Todos los drogadictos que simultáneamente comercian con la droga están en el primer grupo, aunque solamente lo hagan para financiar su propio consumo. Ni que decir tiene que el trato penal debe ser mucho más duro para el traficante que para el consumidor.

         2º.- Modalizando todas las penas de privación de libertad en un régimen especial, cuyo objetivo sea la rehabilitación física y psicológica del drogadicto y la mentalización del mismo en contra de las drogas, como auténtica desgracia a evitar para sí y para los demás. Convirtiéndolo, en el tiempo que dure su reclusión, en apóstol de la tolerancia cero con el narcotráfico y con el consumo de drogas. ¿Y si se resiste? Se respeta su libertad y el estado de derecho de modo que, cumplida su pena, quedará de nuevo libre, pero con la advertencia de que si reincide en su comportamiento será considerado como un agravante, que supondrá un aumento de la pena en la próxima ocasión.

         España es hoy lugar de paso y tráfico de drogas hacia Europa. Algo estamos haciendo mal cuando esto es así, cuando se mantienen o crecen las cifras de comercio y tráfico de drogas y seguimos en niveles inasumibles de drogadicción en nuestra juventud, afectando a cientos de miles de nuestro relevo generacional.

         Se me dirá: ¿Se percata de que la aplicación de esta "tolerancia cero" implicaría meter en la cárcel a cientos de miles de personas, esto es, paralizar el país y hacer un daño mayor a la economía que el provocado por la drogadicción?

         Todo problema tiene su tratamiento. Este sería un problema transitorio de acumulación, hasta la mentalización de la población en que la nueva normativa "va en serio". Pues bien, para superarlo se me ocurren dos medidas: de una parte una especie de carné por puntos (se podría utilizar, a estos efectos, el mismo carné de identidad), en el que cada infracción fuera sancionada, de momento, con la pérdida de puntos, (de modo similar a lo que actualmente ocurre con el carné de conducir), sin que supusiera la entrada en prisión y de otra, durante este mismo período, la construcción de centros penitenciarios especialmente diseñados para el cumplimiento de las penas de privación de libertad y la rehabilitación.

         El problema es de tal complejidad y magnitud que exigiría un esfuerzo inmenso. Pero andar por este camino es regenerar la sociedad. Seguir por el actual es aceptar la progresiva degeneración de la misma.

        Una problemática especial la plantea el alcohol, droga legal, y los menores. De ella nos ocuparemos en los próximos artículos.