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Como anticipó el diario Avvenire el 29 de enero, el Gobierno italiano ha presentado recurso ante la Gran Sala para la revisión de la decisión del 3 de noviembre de 2009 (caso Lautsi contra Italia recurso nº 30814/06) con la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que la exposición del crucifijo en las aulas de la escuela pública constituye una violación del artículo 2 del Protocolo 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho a la educación) valorado conjuntamente con el artículo 9, que tutela la libertad de pensamiento, conciencia y religión, según informa Zenit.org.
Con el recurso, el Gobierno italiano ha cuestionado la decisión como correcta interpretación y aplicación del Convenio, por la libertad, reconocida por la jurisprudencia europea, para aplicar la legislación nacional sobre cuestiones religiosas. Ha sido destacada la inexistencia de una interpretación compartida del principio de laicidad del Estado. Zenit.org explica que el Gobierno italiano ha destacado que la tesis adoptada por el Tribunal -según la cual la exposición del crucifijo en el aula puede ser estimulante para algunos alumnos que se adhieran a esa religión pero emocionalmente inquietante para alumnos que profesen otras religiones o que no profesen ninguna- equivale a reconocer un derecho a la protección de la sensibilidad más o menos subjetiva con relativa y grave inseguridad jurídica. En la presentación del dossier completo de todos los artículos rebatidos, el Gobierno ha escrito: El crucifijo es uno de los símbolos de nuestra historia y de nuestra identidad. La cristiandad representa las raíces de nuestra cultura, lo que somos hoy.
Cultura, tradición, historia e identidad son las palabras clave para explicar y volver a interpretar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que cuestiona el Gobierno italiano para la exposición del crucifijo en las escuelas. Una sentencia polémica El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró el pasado 3 de noviembre que la presencia de crucifijos en las aulas de los colegios constituyen una violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y de la libertad de religión de los alumnos. El proceso se inició tras el recurso presentado por Soile Lautsi, una italiana de origen finlandés que el año 2002 pidió que se retiraran los crucifijos del instituto estatal italiano Vittorino da Feltre en el que estudiaban sus dos hijos.
Posteriormente, el Tribunal de Estrasburgo le dio la razón y declaró la exposición de crucifijos en las aulas de las escuelas públicas una violación de los derechos fundamentales. Lautsi apeló a este Tribunal después de numerosos intentos fallidos ante los tribunales italianos. Ahora, el Gobierno italiano tuvo que pagarle 5.000 euros por los daños morales sufridos. La sentencia constituyó la primera que este tribunal dependiente del Consejo de Europa emite en materia de símbolos religiosos en las aulas. La ministra de Educación, Mariastella Gelmini, mostró entonces públicamente su rechazo a la decisión del Tribunal y señaló que nadie, aún menos un tribunal europeo impregnado de ideología, logrará arrancarnos nuestra identidad. La ministra que repudió el fallo consideró que la presencia de crucifijos en las aulas no significa una adhesión al catolicismo, sino que representan nuestra tradición. | |||||
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