En la madrugada del domingo 28 de Junio, un comando de las Fuerzas Armadas de Honduras, obedeciendo órdenes de la Corte Suprema de Justicia, detuvo al Presidente Manuel Zelaya, por traición a la Patria y usurpación de poderes. Seguidamente, fue llevado en avión hacia Costa Rica, cuyo Gobierno autorizó la entrada a su territorio. Horas después, los medios de comunicación mostraban imágenes de tanques y soldados por las calles de Tegucigalpa, y hablaban de "golpe de Estado".

        Sin embargo, para la mayoría de la población hondureña, la "salida" de Zelaya, conocido popularmente como "Mel", supuso un alivio, pues estaba llevando al país a una confrontación directa: por su voluntad de ser reelegido en contraste con lo que dice la Constitución, y por su cercanía con el mandatario venezolano Hugo Chávez y su grupo político-económico, denominado "Alba" (Alternativa Bolivariana para las Américas). En un enérgico discurso en Tegucigalpa, el día de la firma del "Alba" por parte de Honduras, acusó de "vendepatrias" a cualquier hondureño que se le opusiera.

Los obispos ven legal el cese
        En los últimos meses, la Conferencia Episcopal se había pronunciado en varias ocasiones sobre la difícil situación política. El 4 de Julio publicó un comunicado –"Edificar desde la crisis"– que fue leído por el arzobispo de Tegucigalpa, cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga, y firmado por los once obispos del país. El texto dice: "Todos y cada uno de los documentos que han llegado a nuestras manos, demuestran que las instituciones del Estado democrático hondureño están en vigencia, y que sus ejecutorias en materia jurídico-legal han sido apegadas a derecho. Los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, están en vigor legal y democrático de acuerdo a la Constitución de la República de Honduras".

        El texto episcopal recuerda que, según el artículo 239 de la Constitución, "el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo, no podrá ser Presidente o designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública". Los obispos consideran que, según este artículo, "la persona requerida (Zelaya), cuando fue capturada, ya no se desempeñaba como Presidente de la República". Al mismo tiempo, el Episcopado pedía que se aclare por qué Zelaya fue llevado fuera del país, pues la Constitución establece que "ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado a un Estado extranjero".

        Un asesor jurídico de las Fuerzas Armadas explicó que la decisión de llevar a Zelaya fuera del país se tomó para evitar un "baño de sangre", pues era previsible que en cualquier cárcel del país llegaran seguidores de Zelaya a intentar liberarlo.

El Papa pide oraciones
        El 5 de julio se vivieron momentos de gran tensión en Honduras. Zelaya regresó a la capital hondureña en un avión venezolano, pero el ejército se lo impidió. Alrededor de la pista se habían congregado miles de seguidores de Zelaya, que casi lograron romper el cerco de seguridad militar. En los altercados, murió un joven.

        Hugo Chávez amenazó con invadir Honduras y restituir a Zelaya como presidente. El Gobierno provisional de Micheletti decretó un "toque de queda" nocturno, pues se detectaron grupos de personas –incluso extranjeros– que atemorizaban a la población.

        El 9 de Julio, el presidente de Costa Rica y premio Nóbel de la Paz, Oscar Arias, accedió a mediar en la crisis. Ese mismo día recibió en su casa, de forma separada, a Roberto Micheletti y a Manuel Zelaya. Aunque no llegaron a un acuerdo, se decidió continuar con el diálogo. Zelaya insiste en volver a ser presidente.

        En el Ángelus del 12 de julio, el Papa dijo que está siguiendo con "profunda preocupación los acontecimientos de Honduras". Y pidió oraciones, por la intercesión materna de Nuestra Señora de Suyapa, por el "querido pueblo hondureño, para que los responsables los responsables de la nación y todos sus habitantes recorran con paciencia el camino del diálogo, de la comprensión recíproca y de la reconciliación. Esto es posible si, superando las tendencias particulares, cada uno se esfuerza por buscar la verdad y perseguir con tenacidad el bien común. Esta es la condición para asegurar una convivencia pacífica y una auténtica vida democrática".

Graves problemas sociales
        ¿Por qué está sucediendo todo esto? En los años 60 y 70 del siglo XX, Honduras se caracterizó por la alternancia en el poder de gobiernos militares, que se sucedían a través de golpes de Estado. Pero en 1981, el entonces presidente, general Policarpo Paz García, permitió la celebración de elecciones y convocó una Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución de 1982. Desde entonces, ha habido elecciones democráticas en el país, y han sido elegidos candidatos de las principales fuerzas políticas: el Partido Nacional y el Partido Liberal.

        Sin embargo, las cosas no iban bien en Honduras. De los 7.5 millones de hondureños, la mayor parte vive en la pobreza. Además, ha ido aumentando la violencia, provocada por el narcotráfico y las pandillas violentas, llamadas "maras".

        Los obispos han denunciado en repetidas ocasiones estos problemas sociales, y han animado a los laicos –tanto políticos como empresarios– a buscar soluciones. Gracias al esfuerzo del Card. Rodríguez Maradiaga, se consiguió que en 2005 la comunidad internacional condonara la deuda externa de Honduras, que había crecido a niveles exorbitantes, como fruto de la corrupción de algunos gobiernos.

Influencia chavista
        Llegamos así a agosto de 2008, cuando el presidente Zelaya decidió adherirse al "Alba", junto a Hugo Chávez (Venezuela), Daniel Ortega (Nicaragua), Evo Morales (Bolivia), Eduardo Correa (Ecuador) y los dirigentes de cuatro países más, cuya tendencia política tiene un marcado peso ideológico. Esto empezó a preocupar a la mayor parte de la población hondureña, a los otros Poderes del Estado y a los partidos políticos.

        A partir de esa fecha, "Mel" empezó a cometer una serie de actos, que culminaron en su cese legal del 28 de junio. Entre esos actos puede mencionarse que 1) no envió al Congreso el Presupuesto para el 2009, con el que se ponía en peligro la economía del país, y la celebración de las elecciones presidenciales de noviembre de este año; 2) en lugar de aprobar el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral, anunció en abril que haría una consulta popular para instalar una "cuarta urna", que permitiera convocar a una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución, y así poder ser reelegido.

Consulta ilegal
        El Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia le informaron de que dicha consulta era ilegal, y que la Constitución prohíbe expresamente la reelección presidencial. Sin embargo, Zelaya continuó con su propósito y, a finales de junio, llegaron las urnas en un avión de Venezuela –con las papeletas impresas en el país vecino– para realizar la consulta ilegal. La Fiscalía General del Estado decomisó ese material; pero el 25 de junio, Zelaya decidió recuperarlo por la fuerza: con unos cinco mil seguidores entró a las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña. Los oficiales al mando, sorprendidos, no usaron las armas para evitar un baño de sangre.

        Una vez "secuestradas" las urnas, Zelaya ordenó al Ejército distribuirlas por todo el país. Pero el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vázquez, se negó a acatar la orden, por lo que Zelaya procedió a repartirlas con la ayuda de algunos simpatizantes. Fue entonces cuando el Congreso Nacional inició un proceso jurídico para cesarle y detenerle, por violar la Constitución. Según algunos analistas, fue el mismo Zelaya quien dio un "golpe de Estado" con estas acciones. La tensión crecía en el país y se temía que hubiera enfrentamientos. La mayoría de la población pedía que Mel se fuera y dejara de violar las leyes.

Nuevo presidente temporal
        En medio de la confusión internacional, Zelaya consiguió que la Organización de Estados Americanos repudiara el supuesto "golpe de Estado". También compareció ante la Asamblea General de la ONU, y obtuvo una resolución en la que se condenaba el "golpe" y se exigía su rehabilitación como presidente. Pero los miembros de la ONU desconocían todavía que Zelaya estaba acusado de 18 delitos en su país.

        En estos momentos, los militares no están en el poder, sino los civiles. El diputado Roberto Micheletti, que era presidente del Congreso, ha jurado como nuevo presidente de manera temporal, de acuerdo con las leyes del país. En principio, permanecerá en el cargo hasta las elecciones de noviembre y la entrega de poderes al futuro Presidente en enero.