Con motivo del fallecimiento de una mujer de origen chino en una clínica abortista de Beniarbeg (Alicante), dirigida por Pere Enguix –uno de los más destacados promotores del aborto en la Comunidad Valenciana–, se ha levantado una viva polémica que ha trascendido a los medios de comunicación social, lo que justifica más si cabe una reflexión sobre este hecho. Son muchos los aspectos que podrían abordarse sobre el tema, pero aquí quiero referirme a cuatro que me parecen de interés.

        1. El aborto realizado en clínicas autorizadas, es decir, que cuentan con todas las medidas de seguridad que la ley establece para realizar esta práctica, no tiene apenas efectos médicos secundarios, y menos mortalidad. Estimo que esta última puede ser pareja a la que se da en intervenciones quirúrgicas banales, como pueden ser una apendicitis o una hernia inguinal. Por tanto, la desgraciada muerte de la mujer china se puede encuadrar dentro de ese porcentaje insignificante de accidentes mortales que se pueden dar tras intervenciones quirúrgicas simples. Por ello, creo que esta muerte no debería utilizarse como punto de apoyo para avalar la defensa de la vida del no nacido, ni la lucha directa contra el aborto. Es simplemente un desgraciadísimo accidente médico, si médica se puede llamar a la intervención abortista.

        2. Otra cosa es que en medicina se pueda admitir un accidente, cuando la finalidad del acto médico es propiciar la salud del paciente o salvar su vida. En este tipo de acciones siempre hay un riesgo que debe ser proporcional al bien que se pretende conseguir para el paciente; es decir, el posible peligro de un efecto no deseado debe valorarse según las reglas de riesgo-beneficio que debe regir cualquier actuación médica. La gran diferencia entre una muerte accidental tras una intervención quirúrgica banal y la muerte tras un aborto es que, en el primer caso, la muerte se da secundariamente a una práctica que trata de salvar una vida, mientras que en el aborto la muerte es consecuencia de una práctica, me cuesta llamarla médica, que se dirige directamente a propiciar la muerte de un ser humano. Por tanto, creo que el bosque no nos debería impedir ver los árboles. Esta muerte, desgraciadísima, es otra más que se añade a las 70.000 que cada año se producen en nuestro país por causa del aborto, y ante las cuales la sociedad parece aletargada.

        3. Lo que sí debe ser investigado son las condiciones en las que se realizó el aborto de Beniarbeg, si la clínica cumplía todos los requisitos legales que la ley establece para practicar abortos. Valorar esto corresponde a las autoridades sanitarias, que imagino ya lo estarán haciendo. Sin embargo, esta muerte debería servir para auditar a las clínicas que se dedican al pingüe negocio del aborto, para comprobar que, al menos, cumplen todos los requisitos legales para terminar con la vida de los hijos, pero con el mínimo riesgo para la vida de sus madres.

        4. Pero este desgraciado suceso nos da pie para añadir una reflexión más. Está bien, mejor dicho es indispensable, que las clínicas abortistas cumplan las disposiciones legales existentes para su apertura y funcionamiento, ¿pero cumplen también los requisitos, asimismo legales, establecidos para que un aborto pueda practicarse? Con toda seguridad que no. Como muy bien saben los lectores, en nuestro país alrededor del 98 por ciento de los abortos se despenalizan ante la alegación de un problema físico o psíquico grave de la madre. Legalmente esto debe ser avalado por un médico especialista distinto a los que trabajan en la clínica donde se va a realizar el aborto. No hay duda de que, en la mayoría de los casos, esto no se cumple y, además, existen otras irregularidades de mayor fuste que aquí no vamos a comentar. Por ello, animo a que se audite seriamente cómo se llevan a cabo los abortos en nuestro país y que, si no es posible evitar esta plaga, la mayor del siglo XX, en palabras de Julián Marías, al menos se practique cumpliendo estrictamente las disposiciones que la ley establece.

        No me cabe duda de que, si esto se llevara a cabo, no solamente se reducirían los 70.000 abortos que se produjeron en el año 2002, sino también los ingentes gastos que, para unas arcas sanitarias exangües, suponen los centenares de millones de pesetas que anualmente se dedican a pagar los abortos realizados en las clínicas privadas. Baste recordar que, de los 69.857 abortos que se notificaron en 2001, el 97,5 por ciento se practicaron en clínicas privadas, y que el importe de esta práctica es abonado a esos centros, con diferentes matizaciones, por las Consejerías de Salud de las distintas autonomías. No sé si lo habrán preguntado nuestras autoridades sanitarias, pero no es aventurado pensar que los votantes del partido en el poder pudieran desear que esos millones se dedicasen a otros fines sociales y no a terminar con vidas humanas inocentes.