Un grupo de profesionales sanitarios franceses ha hecho un llamamiento contra la deriva eugenésica que supone la detección generalizada del síndrome de Down a través del diagnóstico prenatal. Este grupo de ginecólogos, ecografistas, comadronas, enfermeras –157 en total, por el momento– ha creado un “Comité para salvaguardar la medicina prenatal”, según informa el diario La Croix. Consideran necesario un debate a fondo con vistas a la revisión de la ley de bioética, planteada para el año próximo.

         Algunos profesores conocidos, como Israel Nisand, Didier Sicard o Jean-Francois Mattei, habían denunciado en Francia el riesgo eugenésico derivado de la generalización, desde 1997, de la revisión prenatal de la posible trisomía 21, para detectar el síndrome de Down. Los resultados han sido que el 96% de las mujeres optan por interrumpir el embarazo cuando el bebé presenta esa anomalía genética. La cifra coincide con la que se daba en España en 2009: 95% (Aceprensa 29-01-2009).

        Ahora, los miembros de este comité piden una reforma radical, porque la detección del posible handicap se está convirtiendo en una práctica eugenésica, en flagrante contradicción con el artículo 16-4 del Código Civil, que prohíbe “toda práctica eugenésica dirigida a la organización y !a selección de las personas”.

        A su juicio, se ha llegado a una situación éticamente inadmisible, opresiva para las mujeres, coactiva para los profesionales, empobrecedora de la medicina prenatal y muy gravosa para el sistema público de sanidad. El tiempo de reflexión para las mujeres es muy reducido, se lamenta el doctor Patrick Leblanc, ginecólogo del hospital de Béziers, coordinador del comité recién fundado. Por su parte, los médicos se encuentran sometidos a una creciente presión social. Influye mucho también el temor a posibles demandas jurídicas en caso de nacimiento de un bebé con deficiencias genéticas.

         En cuanto a la revisión de la ley sobre la bioética, que se discutirá a partir del 8 de febrero en la Asamblea Nacional, el comité exige un debate a fondo. Propone la obligación de facilitar una “información equilibrada” a las mujeres, así como contar con la participación de las asociaciones de afectados por la trisomía 21, que “podrán dar testimonio de la dimensión positiva de su existencia”.

        Por otra parte, los médicos consideran indispensable recuperar la libertad de prescribir las pruebas de diagnóstico, frente a la actual generalización, que implica de hecho proponerlas por sistema a toda embarazada. Tratan de frenar una corriente social que no sólo convierte en derecho el deseo de tener hijos, sino que añade que éstos nazcan sanos.

        Mientras en la esfera social se habla de integrar diferencias, sin discriminar al distinto, la exclusión prenatal opera en sentido contrario: apartarse de la normalidad genética sería una tara inhumana.

        Si esto ocurre en los embarazos ordinarios, el diagnóstico preimplantacional en la fecundación in vitro se presta más aún a prácticas eugenésicas. Dentro de la parquedad informativa con que se llevan estas cuestiones, es sabido que España es el país europeo que más utiliza ese diagnóstico genético previo (2.478 casos anuales, el 37% del total europeo). En España, conforme a la nueva ley del aborto, se puede abortar hasta la semana 22 si existe riesgo de “graves anomalías en el feto”, con un dictamen de dos especialistas (Aceprensa, 15-XII-2010).