Los dos grupos abortistas más importantes de Estados Unidos Planned Parenthood –la multinacional anti vida más importante del mundo- y NARAL Pro-Choice están poniendo en marcha toda su maquinaria para presionar a los legisladores de Washington para que se apruebe una ley que acabará con los centros pro-vida de ayuda gratuita a las mujeres embarazadas

        El proyecto de ley está integrado en el marco de la reforma sanitaria que pretende el presidente estadounidense Barack Obama y se debatirá este miércoles, 27 de enero. La idea pretende eliminar a más de 45 centros de ayuda gratuitos que prestan soporte a las mujeres que tienen embarazos no planificados.

        Con esta iniciativa la industria abortista pretende poner múltiples trabas a los centros de atención para dificultar su labor. Según recoge Aciprensa, la ex directora de Life Services of Spokane, Paula Cullen, uno de estos centros afectados por esta iniciativa anti-vida, ha afirmado que “esta ley daña a las mujeres embarazadas, así de sencillo. Será muy importante para nuestros legisladores que conozcan en primera mano la tremenda contribución de estos centros en sus distritos”.

        “Así se darán cuenta que estas instituciones han servido a sus comunidades durante años sin quejas y que juegan un importante rol en proporcionar ayuda a mujeres que se enfrentan a embarazos no planeados”. La regulación que se propone impedir la ayuda que prestan estos centros, según Cullen, “no solo no es necesaria sino también es una bofetada a estos grupos de caridad que han trabajado muy duro durante mucho tiempo”.

        Según recoge Aciprensa, estos centros han servido en Estados Unidos a más de 60 mil mujeres gratuitamente; han aportado con servicios sociales como vestido, cuidado prenatal, pañales, etcétera, a más de 34 mil mujeres; han realizado más de 20 mil pruebas gratuitas de embarazo; han realizado más de 6 mil exámenes de ultrasonido gratuitos; y más de 22 agencias de servicios sociales las tienen como referencia en el estado de Washington. Proporcionaron, en total, más de 15 millones de dólares en servicios gratuitos a hombres, mujeres y adolescentes.

Los obispos lamentan la politización de la sanidad

        Los obispos estadounidenses se han manifestado preocupados por la politización de la sanidad que, según los prelados, está llevando a cabo la Administración de Barack Obama con la pretendida reforma sanitaria.

        Kathy Saile, director de la Oficina de Desarrollo social nacional, afirma esto en una declaración en vídeo colgada en la página oficial de la Conferencia Episcopal (USCCB). Se trata del primer posicionamiento público de la Conferencia en esta cuestión, desde que el Senado aprobó su versión de la reforma legal sanitaria, el 24 de diciembre pasado, según informa el portal de noticias Zenit.

        En los días previos a la votación final en el Senado, los obispos habían enviado numerosas cartas a los senadores líderes expresando preocupación porque la legislación era “deficiente” y necesitaba “cambios esenciales”.

        El cardenal Daniel DiNardo, arzobispo de Galveston-Houston, y presidente del Comité de Actividades Provida de la USCCB, observó que la reforma propuesta se quedaba corta en “el respeto a la vida y la conciencia; en la asequibilidad para los pobres y en el acceso a la tan necesaria atención sanitaria básica para los inmigrantes”.

        El mayor problema, afirmó, es que la ley “autoriza explícitamente el uso de fondos federales para subsidiar planes sanitarios que cubren el aborto voluntario por primera vez en la Historia”.

La ‘Ley Mordaza’, sin efecto

        El pasado 23 de enero, el presidente del gobierno Barack Obama firmó una orden ejecutiva eliminando la ley que prohíbe que dinero de los Estados Unidos financie a grupos de planificación familiar internacional que promueven el aborto o proporcionan información, consejería o referencias sobre servicios de aborto.

        Conocida como la “Política de la Ciudad de México”, la prohibición fue inicialmente establecida por el presidente Ronald Reagan y suspendida durante la presidencia de Bill Clinton. George W. Bush la reinstauró días después de tomar posesión de su cargo en 2001. Quienes se oponen a esta política se refieren a ella como “ley mordaza global”.

        De esta forma Obama restaura el financiamiento a organizaciones internacionales no gubernamentales que prestan servicios de planificación familiar que matan vidas. Las organizaciones anti vida como Association of Reproductive Health Care Professionals, Feminist Majority, Guttmacher Institute, International Planned Parenthood Federation, o la NARAL Pro-Choice America han publicado declaraciones y comunicados de prensa aplaudiendo la decisión del Presidente Obama para revocar la ley mordaza global.