La semana pasada, los legisladores dominicanos dieron su aprobación final a una enmienda de la Constitución a favor de la vida, a pesar de haber sido sometidos a duras críticas y fuerte presión por parte de ciertas agencias de la ONU y grupos defensores del aborto que intentaron impedir la medida. La Asamblea Nacional de la República Dominicana ratificó con amplio margen la revisión del Artículo 30 en una votación en la que se obtuvieron 128 votos a favor y 32 en contra. El artículo ahora establece que "el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte".

         Si bien la modificación contó con el amplio apoyo de los parlamentarios dominicanos, tuvo que enfrentar la fuerte oposición ejercida por los proponentes del aborto y también por las agencias de la ONU que se mantienen oficialmente neutrales en esta materia. El pasado abril, cuando se discutió por primera vez la disposición sobre el derecho a la vida, dos funcionarios de la ONU interfirieron en el debate. Nils Katsberg, Director Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, hizo un llamamiento a los legisladores dominicanos para que consideraran la liberalización del aborto a fin de que las mujeres no se vieran forzadas a someterse a “prácticas riesgosas”. Katsberg también insinuó que, de lo contrario, los legisladores serían unos “hipócritas” a quienes no les preocupa el alto número de nacimientos de madres adolescentes, que supera la media.

         El coordinador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, Miguel Ceara Hatton, criticó el Artículo 30 al declarar que la enmienda de la Constitución fomenta la incidencia de abortos clandestinos y muertes maternas a la vez que ignora el derecho de las mujeres a la vida. Hatton también apuntó contra la Iglesia Católica y declaró que ésta había "influenciado en todo" y que “por seguir un dogma [la Iglesia] se ha convertido en fuente y motor de la exclusión social en la República Dominicana. Se coloca el dogma por sobre las necesidades de la población, la salud, la vivienda y las mejores condiciones de vida”.

         En contraposición a la postura asumida por estos funcionarios de la ONU, las Naciones Unidas declaran en su sitio de Internet que "la situación legal del aborto es derecho soberano de cada nación" y que la organización “no brinda apoyo al aborto o las actividades relacionadas con él en ningún lugar del mundo”.

         Algunas ONG también han condenado la enmienda constitucional. Amnistía Internacional protagoniza en la actualidad una campaña en contra de la disposición sobre el derecho a la vida. En un informe publicado meses atrás, la organización afirmó que la reforma legislativa dominicana “podría conllevar la violación de los derechos humanos de las mujeres" y que las leyes que penalizan el aborto provocarían un aumento en el número de muertes maternas. Antes del voto final de la semana pasada, Amnistía solicitó al Congreso de la República Dominicana que rechazara el fragmento del Artículo 30 referido al derecho a la vida “desde la concepción hasta la muerte”.

         La reforma constitucional en la República Dominicana hace eco de similares modificaciones promulgadas a nivel estatal en México, donde, hace poco, dieciséis estados introdujeron enmiendas en las que se declara que la vida comienza en el momento de la concepción. Éstas se suman a la criminalización del aborto en todos los casos adoptada por Nicaragua en 2006 y El Salvador en 1998.

         Como en el caso nicaragüense, los partidarios del aborto se aliaron en contra de la proscripción de la práctica en México aduciendo que la penalización traería aparejada un mayor incremento de la mortalidad materna, ya que, según ellos, las mujeres se verían obligadas a recurrir a "prácticas abortivas riesgosas". No obstante, los críticos señalan que no existen pruebas fehacientes que respalden esta afirmación. Es más, las estadísticas del gobierno de Nicaragua muestran que hubo una disminución en el número de muertes maternas desde que el aborto fue penalizado en 2006.

         Cuando adopte oficialmente la nueva Constitución, la República Dominicana se unirá a otras naciones latinoamericanas cuyas constituciones protegen explícitamente la vida, como Chile, Paraguay y Guatemala.