Ángeles en la tierra: experiencias de madres valientes

Pablo F. Gutiérrez Carreras y Ondina Vélez Fraga

Obsesión y prepotencia

        EL documento aprobado ayer por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal recoge con todo rigor y claridad la doctrina de la Iglesia sobre el aborto. De acuerdo con los obispos españoles, ningún católico puede votar a favor de una reforma legislativa construida sobre bases injustas e inmorales, puesto que atentar contra la vida de los que van a nacer no puede convertirse en un derecho. La Conferencia Episcopal, en el legítimo ejercicio de su facultad de ilustrar a los creyentes, reitera que el Estado deja de ser garante del bien común cuando configura el derecho a matar a un inocente, y añade otras reflexiones muy concretas sobre el contexto actual. Así, critica que el Gobierno utilice la salud como excusa, que instrumentalice la educación o que sostenga que la decisión de abortar es un asunto meramente privado. El documento cuenta con un sólido apoyo de fuentes doctrinales y jurídicas, incluyendo diversas referencias a la jurisprudencia constitucional y resulta muy oportuno en tiempos de debate social para los ciudadanos sepan a qué atenerse en cuanto a la perspectiva moral del proyecto gubernamental.

        Por todo ello, resulta insólito que el PSOE haya salido en tromba para criticar sin matices el texto episcopal. José Blanco, otra vez al frente de la sala de máquinas del partido, clama contra la supuesta "hipocresía" de los obispos. Incluso Elena Salgado encuentra tiempo para decir que, "como siempre, no saben el lugar que ocupan", en lugar de dedicarse a luchar contra la crisis económica, como es su obligación. Hay incluso cuestiones que los socialistas no quieren escuchar en esta delicada materia, entre ellas, la necesidad de reconocer en sus justos términos el derecho a la objeción de conciencia. Dispuesto a complacer a la izquierda radical para buscar votos en cualquier sitio, Rodríguez Zapatero alienta un debate moral donde el sacrificio del "nasciturus" se convierte en falsa bandera de progresismo. En un estado democrático, el poder político tiene el deber inexcusable de respetar el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento por parte de todos los ciudadanos, sean clérigos o laicos, como reflejo de un principio elemental de igualdad ante la ley. Además de utilizar el derecho a la vida con fines oportunistas, el PSOE agrava su conducta con reiteradas presiones sobre todos los que discrepan de la opinión oficial, actuando así en contra de la Constitución y del pluralismo propio de una sociedad abierta.